Impulsan la "Semana sin Impuestos" en Tucumán para frenar el impacto de la carga tributaria en bienes esenciales

En un contexto donde diversos relevamientos ubican a Tucumán entre las jurisdicciones con mayor presión fiscal del país, el consumo local enfrenta una retracción severa debido a la pérdida constante del poder adquisitivo y el incremento sostenido de los precios que afecta la economía cotidiana de los hogares. Ante esta realidad, los legisladores opositores Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán-foto inferior), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) y el peronista Hugo Ledesma presentaron un proyecto de ley para crear la “Semana sin Impuestos Provinciales al Consumo Esencial”, una herramienta diseñada para “aliviar el costo de acceso a bienes básicos para las familias tucumanas durante períodos del año de mayor demanda económica”. La propuesta surge como una respuesta institucional ante una carga impositiva provincial que, según los fundamentos del proyecto, constituye una preocupación central tanto para consumidores como para comerciantes, impactando directamente en el costo de vida.

El eje central de la normativa es la creación de un beneficio temporal destinado a reducir la incidencia de impuestos sobre productos esenciales de consumo masivo. Según lo estipulado en el proyecto, la medida no es una reducción general, sino una “herramienta concreta, estacional, sujeta a cupo fiscal y orientada a bienes de primera necesidad”. Los beneficios, que podrán instrumentarse mediante “reducciones, bonificaciones, deducciones, créditos fiscales, exenciones temporales o mecanismos equivalentes sobre tributos provinciales”, deberán ser otorgados bajo condiciones de transparencia y condicionados al cumplimiento de la ley.

A los fines de la implementación, el texto define como productos esenciales a aquellos “vinculados a la alimentación, higiene, salud, educación, abrigo, prevención sanitaria y demás bienes de primera necesidad que determine la reglamentación”, priorizando siempre los de mayor impacto en la economía familiar. La iniciativa identifica cuatro momentos críticos del año para su aplicación:

1. Inicio del ciclo lectivo: útiles, guardapolvos, calzado escolar y mochilas.

2. Temporada invernal: alimentos básicos, ropa de abrigo, frazadas y artículos de farmacia.

3. Temporada estival: repelentes, hidratación y productos de protección solar.

4. Fiestas de fin de año: alimentos básicos, panificados y bebidas sin alcohol.

Uno de los puntos más rigurosos del proyecto es garantizar que el alivio fiscal llegue efectivamente al ciudadano. Para ello, los establecimientos que adhieran voluntariamente al sistema —como supermercados, mayoristas y cadenas de farmacias— deberán informar con carácter de declaración jurada sus precios de referencia y los precios finales con el beneficio aplicado. La ley es tajante al respecto: “Los establecimientos adheridos deberán trasladar de manera efectiva y verificable el beneficio fiscal al precio final de los productos alcanzados. Queda prohibida toda práctica destinada a compensar, neutralizar o simular el beneficio mediante aumentos previos”.

La Autoridad de Aplicación, que será el Ministerio de Economía y Producción, contará con la intervención de la Dirección General de Rentas y la Dirección de Comercio Interior para fiscalizar el cumplimiento. Entre sus funciones se destaca la potestad de “establecer criterios para determinar precios de referencia previos a cada semana de aplicación con la finalidad de evitar incrementos artificiales, maniobras abusivas o prácticas comerciales que neutralicen el alivio previsto”.

Política tributaria "más sensible"

En los fundamentos de la iniciativa, se destaca que la carga tributaria provincial, especialmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, incide en las distintas etapas de la actividad comercial y termina formando parte del precio final de bienes y servicios. Elías de Pérez argumenta que, en momentos de crisis, no se trata de consumos suntuarios, sino de necesidades básicas: “cuando estos productos aumentan, el impacto se siente directamente en el bolsillo de las familias, especialmente en aquellas que destinan la mayor parte de sus ingresos a alimentación, salud, educación, higiene y abrigo”.

Finalmente, el proyecto propone un modelo de gestión que busca “dinamizar el comercio formal, generando mayor movimiento económico en semanas específicas del año”, combinando el alivio social con el fortalecimiento de la actividad comercial. En palabras de la referente radical, el objetivo es consolidar una “política tributaria más sensible frente a las necesidades reales de la población”, actuando de manera razonable y transparente sobre la carga impositiva en los momentos de mayor presión económica.